La Comisión Europea lleva a España al Tribunal de Justicia Europeo

08-Jun-2008, 15:16

Esta misma semana os informábamos cómo la Unión Europea está muy concentrada en asegurarse que las legislaciones de todos sus estados miembro están acordes con la legislación europea. Cuando existen asuntos no coherentes con lo estipulado en ésta es cuando la Unión Europea actúa a través de sus instituciones para asegurarse que las reglas siempre se cumplen. En esta ocasión la Comisión denuncia a España ante el Tribunal de Justicia por el régimen fiscal discriminatorio aplicado a los premios de lotería.

La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la manera como grava los premios de lotería. Según la legislación española, los premios de las loterías organizadas en el extranjero están sujetos al impuesto progresivo sobre la renta, mientras que los ingresos procedentes de las loterías organizadas en España por determinadas instituciones están exentos del impuesto sobre la renta. La Comisión considera estas normas contrarias al Tratado CE y al Acuerdo EEE por restringir la libre prestación de servicios.

Según las normas españolas, están sujetos al pago de impuestos los ingresos obtenidos en España en concepto de premios o ganancias de concursos, juegos o apuestas. En cambio, están exentos los premios de las loterías y apuestas organizadas por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las comunidades autónomas, así como los de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y por la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

España sostiene que esta exención no es discriminatoria por basarse en la naturaleza de los organizadores y no en su lugar de establecimiento. Sin embargo, la Comisión considera que la exención prevista en la legislación española constituye una discriminación prohibida por el Tratado CE, pues no se dispensa el mismo trato favorable a efectos de exención a otras entidades comunitarias de la misma naturaleza que las mencionadas.

La Comisión admite que los Estados miembros pueden decidir cómo prevenir las posibles consecuencias perjudiciales del juego, pero únicamente en la medida en que ello no suponga discriminación alguna basada en la nacionalidad.

La Comisión envió un dictamen motivado a España el 15 de diciembre de 2006 solicitándole que modificase su legislación. La respuesta de España fue negativa.